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Fotografía de Teruel

El impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios en la provincia de Teruel se mantuvo en 5 millones de euros en el pasado ejercicio, frente al descenso del 2% registrado en el conjunto de la Comunidad Autónoma y del 2,32% del total del país, según el estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

La morosidad bancaria en Teruel, creció hasta situarse en los 2 millones de euros frente a los 1,8 de 2014. En el conjunto de Aragón, por el contrario, se produjo un descenso y la cifra se situó en 11 millones, cuando un año antes era de 12,46.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha elaborado el Informe sobre la morosidad en las comunidades de propietarios correspondiente a 2015 y de dicho estudio se concluye que el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios en la provincia de Teruel en el ejercicio de 2015 se mantuvo en 5 millones de euros, la misma cifra que en el anterior.

Por otro lado, aunque la morosidad bancaria ha empezado a disminuir, cabe señalar que el 48,48% de los inmuebles propiedad de los bancos todavía tienen deudas con las comunidades de propietarios.

El colegio sostiene que el descenso de la morosidad obedece fundamentalmente, además de a una "ligera mejoría económica", a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal solicitada por los administradores de fincas colegiados para que la deuda que se pudiese solicitar fuese del año en curso más los tres años anteriores, y que fue aprobada en el 26 de junio de 2013. "Con esta modificación de la normativa, se han podido reclamar cantidades importantes a entidades financieras", indican.

No obstante, puntualiza que "la morosidad actual es un importante problema financiero para las comunidades de propietarios, que no pueden realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento por este problema". "Además, el problema de la morosidad enturbia las relaciones vecinales, condicionando en ocasiones el normal desarrollo de los asuntos comunitarios", añaden.

Por este motivo, consideran que sería necesario incidir más en aspectos determinados para dar respuesta al problema. Proponen una reforma de la Ley de propiedad horizontal para que las posibles reclamaciones se extiendan a la parte vencida del año en curso y a los 4 años anteriores. Asimismo, reclaman que el certificado de deudas que puede consultar el comprador no se limite a la deuda líquida, vencida y exigible, sino que se amplíe a las aprobadas en juntas de propietarios y que consten en acta.

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